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| Braulio Castillo. Foto: Fuente externa |
Santa Cruz de El Seibo.- Más de 600 campesinos asentados por el Instituto Agrario Dominicano
(IAD), pidieron el auxilio del Poder Ejecutivo para evitar ser desalojados por
la Agropecuaria El Jobo, que alega la propiedad de los terrenos ubicados en San
Francisco-Vicentillo de esta provincia.
“Nosotros solicitamos a las autoridades competentes, al Poder
Ejecutivo, al IAD y al abogado del Estado, que nos ayuden a incrementar la
economía, porque se está incentivando a matar a una parte de la población si se
echa a rodar a más de 600 familias, estoy pidiendo un auxilio para los
campesinos de Vicentillo” dijo Braulio Castillo, presidente de la Asociación Agropecuaria
Distrito Municipal San Francisco-Vicentillo.
Castillo manifestó que en el 2007 solicitaron al Poder Ejecutivo
unos terrenos que estaban baldíos por más de 30 años, recibiendo como respuesta
que fueran declarados de utilidad pública en el 2011 y que el IAD asentara a 618 personas con título, el 9
de mayo 2012.
“Para nosotros es una sorpresa, porque después de tener los
títulos ahora somos objeto de un desalojo raro, porque fuimos saqueados
acompañados por la fuerza pública, y también es una sorpresa ver que se retira
la fuerza pública y seguimos siendo amenazados por la agropecuaria El Jobo, que
reclama los terrenos”, señaló Castillo.
La Junta Agropecuaria El Jobo presentó una demanda de nulidad del
decreto 561, sobre declaratoria de utilidad pública y expropiación de terrenos
ubicados en San Francisco-Vicentillo, de El Seibo.
El licenciado Manuel de Jesús Pérez, abogado de la Agropecuaria El
Jobo, expresó que han interpuesto esta demanda por causa legítima, ya que hay
una ocupación ilegal de los citados terrenos.
Declaró que tienen en curso también una acusación privada por
violación de propiedad en contra de tres ocupantes de los terrenos, así como
otra causa pidiendo al Juez de tierras de esta jurisdicción que ordene provisionalmente a la
registradora, radiar de los títulos la inscripción del decreto 561, alegando
que no fue cursado de conformidad con los requisitos legales.
Las tres demandas cursadas por la Agropecuaria el Jobo son sobre
los terrenos ubicados en San Francisco-Vicentillo, los cuales fueron declarados
de utilidad pública mediante el decreto 561
del 13 de septiembre del 2011.
El licenciado Pérez destaca que el mismo decreto que declara los
terrenos de utilidad pública, ordena que
se cumpla con las formalidades de Ley para que el IAD pueda entrar en posesión
de los mismos, “evidentemente lo que sucedido es que el IAD, sin cumplir con
las formalidades previas de la Ley 344 de expropiación, ha entrado en posesión
de los terreno, los ha invadido sin
cumplir con el mandato de la Ley ni del decreto que establece que
primero hay que desinteresar al propietario”.
Indica que no se le ha pagado a la Agropecuaria El Jobo, ni han
sido contactados por ningún funcionario del Estado, ni por el IAD para tener
una negociación sobre el precio del inmueble declarado de utilidad pública,
considerando también que los campesinos que actualmente ocupan los terrenos,
son testaferros de grandes terratenientes que pretenden apropiarse de los
mismos.
El abogado defensor de los campesinos, licenciado José Guzmán,
opinó que las demandas presentadas por la Agropecuaria El Jobo, son un modo de
presionar al Estado para que pague los terrenos, señalando que se había hecho
la solicitud de pago por más de 116 millones de pesos, por lo que considera que
no podían alegar expropiación ilegal.
Mientras tanto, más de 600 campesinos se encuentran con unos
títulos de propiedad de terrenos donde fueron asentados por el IAD, y
posteriormente desalojados con la fuerza pública que le fue otorgada a la
Agropecuaria El Jobo por el abogado del Estado.
Destaca Braulio Castillo que en esos terrenos desde hace más de 9
años producen diferentes rubros como cacao y ganadería, aunque en su mayoría
está dedicado a la producción agrícola. Señala que ese proyecto dinamizó la
economía de la zona, abasteciendo los mercados, aunque ahora reina la
incertidumbre bajo el peso de una amenaza de desalojo, a pesar de lo cual,
continúan ocupando las parcelas.
Según el citado decreto y conforme a la Ley 344 de 1943 de
expropiaciones para reformas agrarias, se traspasan al Instituto Agrario
Dominicano las parcelas 219-A del Distrito Catastral 38-16, la 114 del Distrito
Catastral 38-5 y la 7 Ref-B del Distrito Catastral 38-2, todas pertenecientes a
la provincia de El Seibo.
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